Aunque el escándalo de corrupción por el direccionamiento de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) explotó este miércoles, desde 2024 el Departamento Nacional de Planeación (DNP) había denunciado presuntas irregularidades en la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca).

Así lo recordó el director del DNP en ese entonces, Alexander López Maya, añadiendo una imagen que mostraba las irregularidades sobre esta asociación.

"Aremca: con 116 proyectos por 610.000 millones y 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades", se lee en la imagen que presentó López Maya en sus redes sociales.

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El exdirector del DNP lo catalogó como un "contratadero", pero indicó que no es el único, ya que había denunciado 10 más en 2024.

Entre ellos destacan la Fundación Universidad del Valle con 101 proyectos por 770 mil millones de pesos, el Fondo Mixto Sierra Nevada con 164 proyectos por 698 mil millones de pesos, Foncolombia con 153 proyectos y 368 mil millones, la Empresa de Servicios Públicos de Meta con 72 proyectos por 485 mil millones o la Empresa de Servicios Públicos de Casanare con 30 proyectos por 589 mil millones.

Alexander López manifestó que 12 billones de pesos "están en riesgo de pérdida" y que estos proyectos de regalías no cumplían las condiciones técnicas, financieras o administrativas. 

#ATENCION | Celebro que la @FiscaliaCol avance en la judicialización y en el desmantelamiento de los “contrataderos” que se instalaron en las regiones para desangrar los recursos de regalías. Estos hechos fueron denunciados desde agosto de 2024, a partir de la investigación que… https://t.co/6U4JJqh3A6 pic.twitter.com/uUdPooSapy

— Alexander López Maya (@AlexLopezMaya) April 15, 2026

El operativo 

El CTI de la Fiscalía capturó a nueve personas en Barranquilla (Atlántico), Arauca (Arauca) y Cantagallo (Bolívar) señaladas de presuntamente utilizar la figura del esquema asociativo de municipios para direccionar contratos de proyectos financiados con recursos del SGR.

Los contratos investigados son del año 2020 a 2026 y su valor alcanza el medio billón de pesos. 

Estas personas se habrían articulado para que Aremca fuera designada como ejecutora de regalías por parte de alcaldías y gobernaciones. Recibido el aval, al parecer, direccionaron 101 proyectos por una cuantía superior a 496.000 millones de pesos, según el ente acusador. 

Con estos recursos se debían hacer obras civiles, interventorías o planes ambientales, saneamiento básico, agricultura y alimentación, en Casanare, Magdalena, Caldas, Santander, La Guajira, Cesar, Bolívar, Arauca, Córdoba, entre otros.

La Fiscalía puso al descubierto un entramado de corrupción que utilizaba la figura del esquema asociativo de municipios para direccionar contratos de proyectos financiados con recursos de regalías, en medio de irregularidades en su ejecución y apropiación de dineros públicos. En… pic.twitter.com/B81s6KM1FL

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 15, 2026

"Los elementos materiales probatorios indican que la contratación violó los principios de publicidad, transparencia y selección objetiva. Asimismo, dan cuenta de la posible apropiación indebida de recursos de regalías por 3.200 millones de pesos en iniciativas que debían cumplirse en Arauca". 

Presuntamente, Aremca dejó de retener 14.000 millones de pesos que correspondían  a la contribución especial de obra pública, un tributo que contempla un aporte del 5% del valor total de los contratos suscritos con entidades estatales para financiar el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).

Los capturados son Gustavo Bolaño Pastrana, Emilia Álvarez Guerrero, Dayana Ramos Guerrero, Fredy Borelly Salazar, Andrés Saez Miranda, Rafael Flórez Franco, Liliana Urán German, Javier Ramírez Marzola y Luis Soto Caraballo.

Aunque todos residen en Barranquilla, algunos de ellos fueron privados de la libertad en otras zonas del país. 

Serán imputados por concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público, enriquecimiento ilícito de particulares, entre otros.